El director del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Gregorio Montero, tiene entre sus planes crear programas de formación para gestionar la combinación de incertidumbre y resistencia al cambio que se suscita en los empleados públicos frente a la Propuesta de Reestructuración y Racionalización de la Administración Pública.
El presidente Luis Abinader anunció en septiembre del 2024 su plan para eliminar nueve instituciones, entre ellas tres ministerios, pero que todavía está en ciernes y requerirá varios años para materializarse por completo. Los trabajadores de las entidades señaladas esperan para saber si serán movidos a otro lugar, pensionados o despedidos.
En cuanto a los ministerios, por ejemplo, se necesita elaborar leyes y esperar a que el Congreso las estudie y apruebe.
El Poder Ejecutivo trabaja en las propuestas de ley para que el Ministerio de Educación absorba al de Educación Superior, el de la Presidencia asimile al Administrativo de la Presidencia y el de Hacienda se fusione con el de Economía.
Una muestra del tiempo que podrían tomar estos procesos lo evidencia el intento de fusionar al Consejo Estatal del Azúcar (CEA) con Bienes Nacionales.
A pesar de que el Gobierno informó que hizo “el traspaso de las funciones y propiedades” del CEA y la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde) a Bienes Nacionales, las tres instituciones siguen existiendo legalmente, porque el Congreso ha ignorado el proyecto de ley que llevó Palacio para hacer posible la disolución.
El Senado lo dejó perimir en 2021. En 2022 lo aprobó y lo remitió a la Cámara de Diputados, donde volvió a perimir. El 19 de agosto del 2024 fue reintroducido a la Cámara Alta por el senador del PRM por Hato Mayor, Cristóbal Castillo Liriano.
Capacitar a los servidores
Antes de ser director del INAP, Montero dirigió el equipo que elaboró el proyecto de reestructuración del CEA y Corde, como viceministro del Ministerio de Reforma y Modernización de Administración Pública (2020-2024).
A partir de esta experiencia, aclara que estas fusiones son procesos más complejos y extensos de lo que se podría pensar y que implican aspectos jurídicos que deben ajustarse.
“Yo siento que algunas cosas que debieron ser comunicadas no se comunicaron y por eso hay alguna incertidumbre… Hay empleados de esas instituciones en las que ha sido anunciada la fusión que entran en una situación de incertidumbre y en una situación de ansiedad”, sostiene.
En su estrategia de relanzamiento institucional del INAP, Montero aspira a incluir en las formaciones que imparte esa entidad contenido relativo a las implicaciones de una fusión y sobre la resistencia al cambio.
“En todo programa que el INAP imparta debe haber un aspecto de reforma y modernización de la administración pública, porque ahí es donde encaja el tema de la reestructuración, y dentro de la reestructuración: fusión”, acotó.
Era un mandato
El experto en Administración Pública también quiso precisar que la reestructuración del Estado es una función que la Ley Orgánica de la Administración Pública otorgó al MAP en el 2012.
El artículo 85 le faculta para “emitir, con carácter obligatorio, dictámenes sobre los proyectos de creación, fusión, división y supresión de todo órgano o ente administrativo nacional, así como de sus estructuras internas”.
El director del INAP afirmó que su gestión, que inició en 2024, lleva a cabo un relanzamiento para convertir la institución en una escuela de gobierno que cubra las deficiencias formativas en el sector.
“A veces tú piensas que puedes hacer una buena gestión designando a cualquiera en una función pública. Eso no es posible, esto es ciencia…”, advierte Gregorio Montero. El INAP tiene la función de formar a los servidores públicos para mejorar el servicio que brinda el Estado a la ciudadanía, una tarea ingente para una entidad pequeña frente a los cerca de 650 mil empleados estatales.
Como parte de la estrategia, están revisando todos los programas académicos para adaptarlos a la realidad actual.
“El INAP debe convertirse en una especie de escuela de gobierno. No solo para los servidores públicos medios, profesionales y técnicos, sino también para los altos cargos”, expuso. Afirmó que todo el que entra a la Administración Pública tiene que hacer un curso sobre Inducción a la Administración Pública, aunque admite que hace falta una “mayor masificación” de esas formaciones.
Sus estadísticas indican que, en el 2024, capacitaron a 47,132 personas en cursos, diplomados y otros eventos. Actualmente, 365 servidores públicos cursan una Maestría en Gestión Pública y Gobernanza Especializada.
Fijar montos para tope salarial fue un error
Hace 12 años que la Ley sobre Regulación Salarial del Estado Dominicano (105-13) prohibió a todos los funcionarios públicos ganar un sueldo mayor al del presidente de la República, un mandato abiertamente violado en instituciones cuyos titulares devengan hasta más de un millón de pesos al mes.
Gregorio Montero asegura que esa norma creó un problema al establecer topes salariales con montos fijos que no se pueden ajustar con el tiempo a la pérdida del valor del dinero.
Un dólar estadounidense costaba 42.8 pesos el 6 de agosto del 2013, día en que se aprobó la Ley 105-13, mientras hoy supera los 63.
Él mismo participó en la redacción de esa norma y cuenta que la propuesta original marcaba topes que se obtenían en base a una fórmula con cierta cantidad de salarios mínimos del sector privado.
Montero justifica las remuneraciones que actualmente exceden el límite de los 450 mil pesos. “Hay cargos que requieren de un expertise, de un nivel de formación, de unas capacidades, que si tú lo sometes a una regulación salarial tan rígida podrías tener dificultades para conseguir a ese personal”, alega.
El mínimo
El salario mínimo es otro problema de la Administración Pública que requiere regulación, a juicio de este servidor público. Mientras el Gobierno se afana en lograr un incremento en el sector privado, se mantiene en 10 mil pesos el mínimo que paga el Estado.
Montero reveló que el año pasado el MAP elaboró una propuesta de decreto para establecer una serie de criterios y procesos para indexar este salario periódicamente, pero todavía el presidente no lo ha firmado. En la fracasada propuesta de reforma fiscal planteada en 2024 se contempló llevarlo a 15 mil pesos.
